Recurso de amparo en Costa Rica: cuándo procede

Recuerdo a una señora de Pérez Zeledón que llegó a mi oficina con una hoja rayada de cuaderno, doblada en cuatro, y la vergüenza de quien cree que trae poca cosa. El hospital le había suspendido un tratamiento sin explicación y llevaba semanas caminando de ventanilla en ventanilla. Le dije que esa hoja, escrita con su letra y sus faltas, bastaba. Que no necesitaba abogado, ni timbres, ni fórmula sacramental. Que con eso podía obligar a la Sala Constitucional a mirar su caso en cuestión de días. Me miró como si le hubiera mentido. No le mentí. El recurso de amparo es, seguramente, la herramienta más democrática que tiene un costarricense frente al poder, y buena parte del país todavía no sabe usarla.

Vale la pena entenderla bien, porque su fuerza reside justamente en su sencillez, y esa sencillez se malgasta con frecuencia. Vienen a la Sala miles de amparos cada año; muchos se rechazan no porque no haya injusticia, sino porque están mal planteados. Conviene saber qué protege el amparo, cuándo procede de verdad y por qué un escrito pensado gana donde un desahogo se pierde.

¿Qué protege el recurso de amparo?

El amparo protege los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, frente a actos u omisiones del poder público que los lesionen o amenacen. Es la vía rápida para defender lo esencial: la salud, la educación, el debido proceso, la libertad de expresión, la igualdad, el derecho de petición y respuesta, la intimidad, el ambiente sano. No cualquier molestia, sino aquello que la Constitución tuvo por digno de la más alta protección.

Lo habitual es que el amparo se dirija contra una autoridad: una municipalidad que no responde, una institución que niega un servicio debido, un funcionario que actúa fuera de la ley. Pero hay un matiz que sorprende a mucha gente. El amparo también procede contra sujetos de derecho privado en supuestos determinados, cuando actúan o deberían actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o cuando se encuentran en una posición de poder frente a la cual los remedios ordinarios resultan claramente insuficientes o tardíos. Una universidad privada que expulsa sin proceso, una asociación que niega un derecho a un afiliado indefenso: la Sala ha entrado a conocer de casos así. El habeas corpus es su hermano, reservado para la libertad personal y la integridad física; el amparo cubre casi todo lo demás.

¿Dónde y cómo se presenta un amparo?

El amparo se presenta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y solo ante ella. No hay instancia intermedia ni juzgado de reparto: el asunto llega directo a los magistrados constitucionales. Esa concentración es deliberada. La Constitución quiso que la defensa de los derechos fundamentales estuviera en manos de un solo tribunal, con criterio uniforme y con autoridad para ordenarle a cualquier institución del Estado que corrija su conducta.

Y aquí viene lo que a la señora del cuaderno le costó creer. La Ley de la Jurisdicción Constitucional despoja al amparo de casi todos los ritos que agobian al resto del derecho:

• Cualquier persona puede interponerlo, a favor propio o de un tercero, sin necesidad de ser abogado.
• Es gratuito: no hay que pagar timbres, honorarios ni especie fiscal alguna.
• No requiere papel especial ni formato oficial; sirve una carta común, incluso escrita a mano.
• No hay días ni horas inhábiles para presentarlo: se recibe a cualquier hora, todos los días del año.
• No se rechaza por errores de forma; si algo falta, la Sala previene que se corrija en lugar de cerrar la puerta.

Basta con narrar los hechos, decir quién causó la lesión y qué derecho se afectó, y firmar. Se puede presentar de forma física en la Sala o por los medios electrónicos que el Poder Judicial ha habilitado para ello. La informalidad es una decisión de política pública: el constituyente entendió que un derecho fundamental no puede depender de la capacidad de pagar un abogado.

¿Cuándo NO procede el amparo?

El amparo no procede cuando el reclamo es de mera legalidad o cuando existe una vía ordinaria idónea para resolver el asunto. Este es el punto donde naufraga la mayoría de los recursos, y donde más conviene detenerse antes de escribir una sola línea.

La distinción es fina pero decisiva. La Sala Constitucional no es una instancia de alzada para revisar cualquier decisión que nos parezca equivocada. No juzga si una multa de tránsito estuvo bien puesta, si un contrato se interpretó correctamente, si una nota de un examen fue justa o si un despido se ajustó al Código de Trabajo. Esos son asuntos de legalidad ordinaria, y para ellos existen jueces contencioso-administrativos, civiles, laborales, de tránsito. Meterlos por la puerta del amparo es pedirle a la Sala que haga un trabajo que no le corresponde, y el rechazo es casi seguro.

El amparo se reserva para la lesión de un derecho fundamental como tal. La frontera se cruza cuando la actuación no es apenas ilegal sino que además vulnera un contenido constitucional: cuando se niega el servicio de salud a quien lo necesita, cuando una autoridad calla ante una petición y viola el derecho de respuesta, cuando se sanciona a alguien sin darle audiencia y se atropella el debido proceso. Entonces sí. En los demás casos, la respuesta que la Sala repite con paciencia de siglos es que existe otra vía, y que a esa vía debe acudirse.

Hay una excepción que conviene tener presente. Cuando la vía ordinaria existe pero es a todas luces insuficiente para evitar un daño grave e inminente, por lentitud o por ineficacia, la Sala puede admitir el amparo de todas formas. La regla protege al ciudadano, no lo condena a esperar una sentencia que llegará cuando el daño ya sea irreparable.

Plazos, trámite y efectos

El amparo tiene un trámite privilegiado y efectos que muerden de verdad. Una vez admitido, la Sala puede suspender de inmediato el acto reclamado mientras resuelve el fondo, de manera que el daño no siga corriendo durante el proceso. Esa suspensión provisional es, muchas veces, el alivio que la persona buscaba: el tratamiento que se reanuda, la matrícula que se respeta, la obra que se detiene.

Sobre los plazos, conviene ser preciso para no llevarse sorpresas:

1. 01Frente a actos concretos, la ley fija un plazo de dos meses para acudir en amparo, contado desde que el afectado tuvo noticia cierta del acto que lo lesiona.
2. 02Cuando la lesión es continua o proviene de una omisión que se mantiene en el tiempo, mientras la afectación persista, el amparo puede interponerse sin que ese plazo lo cierre.
3. 03Presentado el recurso, la Sala da audiencia a la autoridad recurrida, que debe informar bajo juramento; rendir un informe falso acarrea responsabilidad.

Si el amparo se declara con lugar, la Sala ordena restablecer el derecho lesionado y volver las cosas al estado anterior a la violación. Condena además, en abstracto, al pago de los daños y perjuicios causados, cuya liquidación se hace después en la vía correspondiente. Y la orden no es una sugerencia: desatender lo dispuesto por la Sala expone al funcionario a responsabilidad penal por desobediencia. Un amparo ganado tiene dientes.

Por qué un amparo bien fundamentado gana

Un amparo bien fundamentado tiene mucha más probabilidad de prosperar porque le da a la Sala lo que necesita para actuar rápido: hechos claros y el derecho constitucional preciso que se lesiona. La informalidad de la ley significa que nadie está obligado a redactar como abogado, no que redactar bien sea inútil. Al contrario.

He visto amparos con toda la razón del mundo rechazados porque se perdían en el desahogo, mezclaban diez quejas distintas y nunca decían con nitidez cuál derecho fundamental se había violado ni cómo. Y he visto amparos de media página, escritos con humildad, que ganaron porque contaban un solo hecho, lo situaban en el tiempo y señalaban sin rodeos la lesión. La Sala conoce miles de casos; el que se explica solo, avanza.

• Cuente los hechos en orden y con fechas: qué ocurrió, quién lo hizo y cuándo se enteró usted.
• Nombre el derecho fundamental afectado y explique en una frase por qué la actuación lo vulnera.
• Adjunte lo que tenga a mano: la nota de rechazo, el expediente, la solicitud sin respuesta.
• Sea concreto en lo que pide: qué quiere que la Sala ordene y qué acto debe suspenderse ya.

A la señora del cuaderno le ayudé a poner en limpio tres párrafos. Uno con los hechos, uno con el derecho a la salud, uno con la petición. Nada más. A los pocos días la Sala ordenó reanudar su tratamiento. La hoja rayada, bien pensada, resultó ser tan poderosa como ella nunca creyó. Esa es la promesa del amparo, y vale la pena cumplirla con cabeza.