Por qué un abogado en Costa Rica ya no puede ignorar la inteligencia artificial

Sí, un abogado en Costa Rica debe adoptar la inteligencia artificial ahora, y hacerlo con reglas claras. No porque esté de moda, sino porque el cliente ya la usa, los tribunales ya la usan y quien no la incorpora litiga más lento, cobra más caro y termina superado en el argumento. La ventana está abierta: el sector legal apenas empieza, así que quien entra hoy llega temprano, no tarde. Adoptar bien significa proteger el secreto profesional, verificar cada resultado y ser transparente.

Hay una escena que se repite en los despachos estos meses. Entra un cliente con una carpeta bajo el brazo y, antes de que uno termine de explicar el criterio, saca el teléfono y dice: se lo pregunté a ChatGPT y me dijo esto. A veces trae una tontería. A veces trae, con sorprendente precisión, la mitad de lo que uno pensaba cobrarle por redactar. La reacción instintiva del abogado veterano es la sonrisa condescendiente. Es un error. Esa escena no es una anécdota: es el mercado avisándonos de que las reglas cambiaron.

¿Qué cambió realmente para el abogado costarricense?

Cambió quién llega primero a la información. Durante treinta años, buena parte del valor de un abogado consistió en saber dónde estaba la norma, cómo se leía la jurisprudencia y qué palabras poner en un escrito. Ese monopolio del acceso se está disolviendo. Hoy el cliente pregunta antes de venir, llega con una hipótesis y espera que uno la confirme, la corrija o la supere. El abogado que sigue vendiendo acceso a la información pierde. El que vende criterio, estrategia y responsabilidad sobre el resultado, gana. La IA no elimina al abogado: elimina al abogado que hacía de buscador.

Los números confirman que esto no es impresión de pasillo. Según el estudio de PROCOMER de 2025, un 76% de las empresas del sector TIC en Costa Rica ya usa inteligencia artificial generativa. Y el índice nacional de adopción, medido por Microsoft, alcanza un 26,5%, cifra que coloca al país a la cabeza de América Latina. Sus clientes empresariales ya trabajan con estas herramientas todos los días. Cuando llegan al despacho, no llegan a descubrir la IA: llegan a comprobar si su abogado va al mismo ritmo que su empresa.

¿No conviene esperar a que exista una ley?

Es la objeción más común y la más comprensible. Un abogado formado en la seguridad del texto legal desconfía de moverse donde no hay norma. Pero esperar a la ley es, en este caso, esperar a llegar tarde. Costa Rica todavía no tiene una ley específica de inteligencia artificial; hay proyectos en trámite, y el MICITT publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027, la ENIA, que fija el rumbo pero no impone obligaciones sobre el ejercicio profesional.

Eso no significa que hoy no haya reglas. La Ley 8968 de protección de datos personales, que aplica la PRODHAB, es una restricción vigente y con dientes. En el momento en que usted pega en una herramienta pública el nombre de un cliente, un número de cédula o los términos de un contrato reservado, puede estar cediendo datos personales sin base legal. La ausencia de una ley de IA no es un vacío permisivo: es un terreno donde las normas de siempre, protección de datos y secreto profesional, siguen mandando. Por eso conviene aprender el oficio antes de que la regulación llegue, no después.

¿Los tribunales de verdad ya usan inteligencia artificial?

Sí, y con una posición institucional tomada. El 12 de febrero de 2026, el Consejo Superior del Poder Judicial aprobó los Lineamientos Básicos para el Uso de IA Generativa Autorizada. El documento parte de tres ideas que todo abogado debería hacer suyas: la responsabilidad es siempre humana, el uso de IA debe declararse y citarse, y la función jurisdiccional no se delega en una máquina. Es decir, el juez puede apoyarse en la herramienta, pero no puede esconderse detrás de ella.

Piense en lo que eso implica para el litigante. Si del otro lado de la sala hay un tribunal que ya integró estas herramientas a su flujo de trabajo, el abogado que se niega a entenderlas argumenta en desventaja. No porque la máquina gane los casos, sino porque quien conoce el instrumento anticipa cómo se ordena la información, cómo se revisa un expediente voluminoso y dónde se concentran los errores. Litigar de espaldas a esa realidad es litigar con menos información que el contrario.

¿Existe un deber de competencia tecnológica?

En Costa Rica, todavía no como norma escrita. Pero la dirección es inequívoca. En Estados Unidos, la American Bar Association emitió en 2024 la Formal Opinion 512, dedicada al uso de IA generativa por abogados, y desde hace años se consolida la idea de un deber de competencia tecnológica: el profesional no puede alegar ignorancia de las herramientas que afectan el interés de su cliente. Es mejor práctica internacional, no derecho positivo local, y conviene decirlo con honestidad.

Nuestro Código de Deberes ya contiene, sin embargo, los principios que importan. El deber de diligencia y verificación, recogido en su artículo 39, y el secreto profesional, en el artículo 41, bastan para trazar la línea. La diligencia obliga a comprobar lo que uno firma, venga de un pasante o de un modelo de lenguaje. El secreto obliga a no exponer al cliente. Quien respeta esos dos deberes puede usar IA con tranquilidad; quien los ignora se expone, use o no use la máquina.

Aquí hay una omisión que vale la pena nombrar. El Colegio de Abogados ofrece formación en tecnología legal, lo cual es meritorio, pero no ha emitido una guía ética vinculante sobre inteligencia artificial. Es un vacío de liderazgo. Mientras el gremio no fije criterio, cada abogado tendrá que construir el suyo a partir de los deberes generales y del sentido común profesional. Eso es exactamente lo que este oficio ha hecho siempre ante lo nuevo.

¿Cómo se adopta la IA sin ser imprudente?

La respuesta cabe en tres guardarraíles, y ninguno es complicado. El primero es la confidencialidad: no entra en una herramienta pública ningún dato que identifique al cliente o que esté cubierto por el secreto. Hay maneras de trabajar con casos reales sin exponerlos, y conviene aprenderlas antes de tocar el primer expediente sensible.

Los tres guardarraíles de una adopción responsable:

• Confidencialidad: nada que identifique al cliente sale del despacho hacia una herramienta pública. La Ley 8968 y el secreto profesional mandan aquí.
• Verificación: cada cita, cada norma y cada afirmación que produce el modelo se comprueba en la fuente. La máquina redacta borradores, no verdades.
• Transparencia: usar IA no es una vergüenza que se oculta. Los lineamientos del Poder Judicial ya piden declarar y citar su uso; el ejercicio privado avanza en la misma dirección.

El segundo guardarraíl es la verificación, y es el que separa al profesional del aficionado. Los modelos de lenguaje inventan citas, confunden números de ley y afirman con aplomo cosas falsas. Un abogado que presenta una jurisprudencia inexistente porque la máquina se la dictó no tiene excusa: firmó sin comprobar. La IA acelera el borrador; la responsabilidad de la verdad sigue siendo humana e intransferible.

El tercero es la transparencia, y es más fácil de lo que parece. Usar IA no rebaja el trabajo del abogado, igual que usar una base de datos jurídica no lo rebajaba. Lo que corresponde es no fingir que no se usa, sobre todo frente a tribunales que ya piden declararlo. Para el lector que quiera el detalle práctico de todo esto, escribí una guía específica sobre cómo usar ChatGPT y Claude sin violar el secreto profesional, donde bajo estos principios a decisiones concretas del día a día.

¿Cuál es el costo real de seguir ignorándola?

Se mide en tres monedas. La primera es el tiempo: quien redacta a mano lo que el colega borronea en minutos entrega más tarde y cobra horas que el cliente ya no quiere pagar. La segunda es el precio: el mercado empieza a comparar, y un despacho que produce más rápido puede ofrecer mejor tarifa sin sacrificar margen. La tercera, la más dolorosa, es el argumento: el abogado que llega a estrados con menos preparación, menos jurisprudencia revisada y menos escenarios anticipados que su contraparte, pierde donde más duele, en el fondo del caso.

Conviene ser preciso sobre la ventana de tiempo, sin exagerar en ninguna dirección. El despliegue de la IA en el sector legal costarricense todavía es incipiente. Eso significa que quien empieza hoy no llega tarde: llega temprano, con la ventaja de aprender mientras el terreno aún es maleable. Pero incipiente no es lo mismo que inexistente, y la adopción general del país, ese 26,5% que lidera la región, avanza rápido. La ventana está abierta. No estará abierta para siempre.

Treinta años de ejercicio me enseñaron a desconfiar de las modas y a respetar los cambios de fondo. Esto es un cambio de fondo. No pide que uno se convierta en programador ni que abandone el criterio que tanto costó formar. Pide, apenas, que uno aprenda a usar una herramienta nueva con la misma seriedad con que aprendió a usar el Código. Para quien quiera dar ese paso acompañado, con casos reales y sin humo, preparé un taller de IA para abogados que parte justo de aquí: de la práctica, de la ética y de lo que el cliente costarricense ya espera de nosotros.

La inteligencia artificial no reemplazará al abogado. Reemplazará al abogado que no la use por otro que sí. Esa frase se ha dicho de tantas tecnologías que suena a lugar común, pero esta vez el cliente y el tribunal ya tomaron partido. Solo falta que lo tomemos nosotros, y que lo tomemos bien: temprano, con criterio y con las manos limpias.